En los últimos años, hemos sido testigos de cómo se ha aprobado legislación que busca transformar el sector eléctrico en Puerto Rico. En el 2014 se aprobó la Ley de Transformación y ALIVIO Energético, que por primera vez crea un ente regulador independiente capaz de fiscalizar y darle cumplimiento a la política pública energética de Puerto Rico. Cinco años luego, en el 2019 se aprueba, y de manera bipartita, la Ley de Política Pública Energética, que en síntesis crea la meta de alcanzar un 100% de generación por fuentes renovables para el 2050.
Ahora que en Puerto Rico entramos en un nuevo ciclo político, tenemos la oportunidad histórica para ejecutar correctamente las políticas públicas capaces de transformar el sistema eléctrico del archipiélago y tener impactos positivos para las futuras generaciones. Por eso, es de suma importancia para los puertorriqueños que se implementen las directrices y metas trazadas en el Plan Integrado de Recursos (“PIR”) de la Autoridad de Energía Eléctrica (“AEE”) según lo modificó el Negociado de Energía. Esto garantizará que el sistema eléctrico sea uno limpio, confiable, resiliente y asequible para poder revitalizar la economía y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes.
Esta transformación requiere que la administración gubernamental entrante se comprometa a llevar a cabo la planificación de recursos energéticos, de un horizonte de 20 años, que se ha logrado en gran parte por la intervención de la sociedad civil, grupos de interés y el gobierno. Esta colaboración de varios sectores ha sido fundamental para garantizar transparencia y credibilidad en los procesos e instituciones públicas encargadas de ejecutar la política energética de Puerto Rico.
Aunque el Negociado de Energía es una entidad relativamente joven desde su creación, ha logrado grandes avances en la transformación del sector eléctrico como lo son el sentar las bases de una nueva manera de rendición de cuentas de la AEE, control de sus gastos, y una planificación estratégica capaz de definir el futuro energético de Puerto Rico. A esos procesos se le suman las metas agresivas de integración de fuentes de energía renovable que le dan confiabilidad al sistema y mitigan los efectos del cambio climático, mientras que pasamos de fuentes de combustibles fósiles a renovables, reduciendo así los impactos nocivos al ambiente y la salud pública.
Uno de los elementos que distinguen al Negociado de Energía es la alta participación pública en sus procesos regulatorios y adjudicativos, que van desde evaluación de tarifas a la planificación integrada de recursos energéticos. Este organismo gubernamental independiente ha sido capaz de fundamentar sus decisiones con peritaje de organizaciones de base comunitaria, ambiental y otros, enriqueciendo los procesos y buscando consensos para beneficios de todas las partes.
Sin embargo, aún no se puede bajar la guardia y es responsabilidad de todos que se continúen dando esos espacios de discusión para enriquecer los procesos que eventualmente dirijan a Puerto Rico hacia la dirección correcta para lograr su meta energética. En especial, la nueva administración tiene el deber de dejar al ente regulador hacer su trabajo sin interferencias políticas para garantizar credibilidad y consistencia en la toma de decisiones que dejaran una huella en el futuro de la isla. Así mismo, se deben utilizar los procesos que cuidadosamente se han estructurado para posicionarnos al mismo nivel que entidades similares en el mundo entero.
No se puede permitir que intereses políticos interfieran y cambien el camino ya iniciado. Las comunidades puertorriqueñas piden respeto y no tolerarán que se alteren los procesos adjudicados para darle paso a proyectos energéticos que por un fin económico nos pueden llevar de regreso al pasado.
Puerto Rico está en camino a ser un ejemplo mundial de energía limpia e innovación para el futuro, y un modelo a seguir por muchos estados y países que aún no tienen las herramientas para lograr una verdadera transformación energética. El nuevo gobierno tiene un deber de hacer las cosas correctamente y cumplir con las metas de la nueva política energética.